Carga pública

Aldo González (de izq.), un vocero de LUCHA, Erika Mach, una coordinadora de base, y Ayensa Millan, la abogada directiva de Grupo Legal de Cima, hablan en una sesión informativa sobre las revisiones de la regla de carga pública el jueves, 12 de septiembre de 2019 en Phoenix.

PHOENIX – Los cambios a una regulación que afectará a las personas que soliciten la residencia permanente son motivo de una campaña informativa por parte de varios grupos comunitarios.

La regla entrará en efecto el próximo 15 de octubre y organizaciones como LUCHA y Poder en Acción tienen como meta aclarar quien se verá afectado y aplacar la confusión que se ha generado entre la comunidad inmigrante.

Esta regulación no es nueva, el cambio es solamente una redefinición de la llamada regla de la carga pública, que es como un examen para determinar si una persona solicitando la residencia permanente tiene más probabilidad de requerir servicios del gobierno para subsistir.

Para decidir darle un green card o tarjeta de residencia a una persona se toman en cuenta varios factores, y con los cambios, se incluirá una nueva lista de consideraciones. A partir de la fecha en que entre en vigor la nueva regla, si una persona utiliza ciertos servicios correrá el riesgo de que rechacen su petición de residente.

La lista de beneficios públicos que serán considerados incluye: el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), asistencia en efectivo, la cobertura de seguro médico estatal conocida como AHCCCS, programas de vivienda asequible y el cuidado de salud prolongado.

Las organizaciones comunitarias van a celebrar un foro en español con abogados que aclaren dudas. Para saber más de la situación, los cambios, y quién será afectado, el evento será este lunes, 16 de septiembre a las 6 de la tarde en la cafetería de Encanto Elementary School 1420 W. Osborn Rd.

Ayensa Millan, una abogada de inmigración dijo que hay muchas personas que están exentas de estos cambios. Millan explicó que no afectará a las residentes permanentes que no tengan una discapacidad, los ciudadanos, víctimas de un delito, víctimas de la trata de blancas, víctimas de violencia doméstica que están casados con residentes legales permanentes o ciudadanos, menores en un proceso de solicitud migratorio, o refugiados. También no aplicará a militares estadounidenses y sus familias, hijos adoptivos, personas menor de 21 que reciben beneficios de Medicaid (el seguro de salud federal), y mujeres embarazadas.

Después de que entre en efecto, esta regla se enfocará del 15 de octubre en adelante, en personas que han recibido beneficios públicos de la lista, o en personas que tengan una discapacidad física que requerir tratamiento extenso o institucionalización y no tengan un seguro médico privado o un salario suficiente, según un análisis del Henry J. Kaiser Family Foundation, una fundación no partidista que se especializa en políticas de la salud (KFF por sus siglas en inglés).

Este tipo de factores pueden ir en contra de la solicitud de residencia de una persona, pero también se tomarán en cuenta otros aspectos como si una persona tiene suficientes habilidades para hablar inglés, a enfrentado cargos criminales o si fue deportada, según KFF.

Millan dijo que el gobierno va a mirar el formulario I-864, que típicamente se entrega con la petición para residencia permanente, donde la persona declara que no será una cargada pública, tiene un ingreso suficiente y no necesitará beneficios públicos.

Aunque aún no entró en efecto esta regla ya esta causando confusión y miedo en familias inmigrantes que tienen hijos estadounidenses que tienen derecho a todos los beneficios.

“Ellos no están solicitando los servicios que para los que califican por el miedo que esto va a afectar su estatus”, dijo Aldo González, un vocero de Viviendo Unidos para el Cambio en Arizona (LUCHA por sus siglas en inglés). “Es muy importante que ellos busquen el consejo de un abogado o vengan a nuestro evento para aclarar las cosas porque es muy confuso”.

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