Somerton– Jorge Lozano, quien hasta el momento ha fungido como abogado de la ciudad de Somerton en base contractual, asumirá el puesto como empleado municipal de tiempo completo, y también asumirá los cargos adicionales de fiscal de la ciudad y oficial de personal.

El concilio de Somerton durante una reunión especial el miércoles nombró a Lozano a los menciondados puestos por voto de 5-0. El alcalde de Somerton Gerardo Anaya declaró un conflicto de interés y no participó en el voto, ni tampoco votó el concejal Luis Galindo, este último que no asistió la reunión.

El concilio decidió posponer una discusión sobre el monto del salario que se pagará a Lozano, hasta que más miembros de concilio puedan estar presente para participar.

La abogada Candice Orduño-Crouse ha realizado las funciones de fiscal municipal bajo contrato con la ciudad, aunque verá su contrato terminado a partir del 14 de octubre. Tras el voto por el concilio el miércoles, Orduño-Crouse se presentó ante el concilio para plantear sus oposición al cambio.

Dijo que tanto la Liga de Ciudades de Arizona (Arizona League of Cities and Towns) como el comité de ética de la asociación de abogados del estado de Arizona han determinado que el combinar los tres puestos -- los de abogado, de fiscal y de oficial de personal -- crearía un conflicto de interés.

Agregó: “debido a que esto generaría un incremento de salario grande, yo pienso que se le debería ofrecer al público en general la oportunidad de discutirlo y presentarselo como referéndum de voto”.

Aparte de terminar el contrato con la abogada, la decisión del concilio eliminará el puesto de administrador(a) de recursos humanos, aunque sumará el puesto de asistente administrativo al departamento de recursos humanos.

Todos los cambios habían sido propuestos por el administrador de la ciudad, Ian McGaughey, quien dijo que la reunión especial del concilio tuvo que realizarse el miércoles debido a “necesidades de personal urgentes” que él no quiso dar a conocer.

Dijo McGaughey que el puesto de administrador(a) de recursos humanos está ocupado actualmente, aunque no quiso revelar quien se encarga del mencionado puesto.

Según en sitio de internet de la ciudad, Lucia Armas ocupa un puesto de recursos humanos dentro de la estructura personal del departamento de finanzas del ayuntamiento. Armas no respondió a una llamada del periódico Yuma Sun solicitando su cometario.

McGaughey dijo que el cambio ofrecerá a la ciudad valor mayor por los fondos de los contribuyentes.

“Actualmente la ciudad paga un promedio de 100,000 dólares (anualmente) para 13 horas de servicios legales cada semana. Esta resolución crearía un puesto de tiempo completo con salario que brindaría servicios durante un mínimo de 40 horas a la semana”.

Agregó que el cambio tambien obedece otra prioridad del concilio, la de crear políticas de personal firmes y efectivas para empleados.

Orduño-Crouse, quien cuenta con oficina legal en Yuma, ha fungido como fiscal para la ciudad hace 10 años. Le dijo al concilio el miércoles que recibe alrededor de 35,000 dólares anuales de pago por sus servicios, bajo su contrato.

No obstante, dijo que su oposición no fue motivada por cuestiones de compensación, ya que tiene lazos familiares a Somerton.

“La mayoría de casos aquí son relacionados con la violencia doméstica, la salud mental y asalto, y siempre he tenido en mente la idea de no solo castigar (a los ofensores), sino buscar una forma de remedio para ahorrar los fondos de la ciudad”.

Cuestionó la razón por qué el concilio aprobó la resolución para hacer el cambio de personal sin cambiar la ordenanza de la ciudad que se relaciona al puesto de abogado de la ciudad.

Después de la reunión, Orduño-Crouse dijo que estuvo preocupada por lo que calificó como falta de transparencia, ya que el concilio aprobó los cambios durante corto plazo.

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